En México más de dos millones de niños, niñas y adolescentes realizan actividades no permitidas y peligrosas, por lo que legisladoras y especialistas hicieron un llamado a aprovechar la pandemia generada por el Covid-19, para erradicar el trabajo infantil en el país y el mundo, con la participación de todos los niveles de gobierno, poder público, sectores de la sociedad y productivos.

Al participar en el Foro Internacional a distancia: “Retos para prevenir y erradicar el trabajo infantil, en el contexto de la emergencia, sanitaria del Covid-19”, la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, señaló que tres de cada diez niños que trabajan en el país no han terminado la primaria y probablemente nunca lo harán.

Advirtió que frente a la pandemia, la pobreza podría aumentar hasta en 14 por ciento, lo que hace importante el señalamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cuando la pobreza aumenta uno por ciento, el trabajo infantil lo hace al menos 0.7 por ciento; ya que éste crecería en 10 por ciento, haciendo más vulnerables a los menores a emplearse para ayudar a la economía familiar.

En el Senado, detalló, la agenda de niñas, niños y adolescentes no tiene partidos políticos, las iniciativas en su mayoría se aprueban por unanimidad. Y llamó a actualizar el protocolo de inspección en materia de erradicación del trabajo infantil; establecer programas específicos para jornaleros y sus familias; garantizar espacios seguros y acceso a educación y alimentación; así como emitir un plan nacional para erradicar esta condición y sus peores formas que involucre a todos.

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que desde el trabajo legislativo se debe pensar cómo las niñas, niños y adolescentes tienen que regresar a vivir sus derechos a la educación, salud y alimentación y coincidió con que el reto no es la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, sino la invisibilidad en que está viviendo el sector infantil en su entorno. Propuso regular el trabajo doméstico de niñas adolescentes, antes de sean un sector más vulnerable.

En su oportunidad, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT y secretaria de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que en este rubro vivimos un retroceso para el cumplimiento de la Agenda 20-30, porque nunca como antes las niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación laboral. Señaló que el trabajo infantil perpetúa la pobreza y la pandemia del coronavirus ha dejado ver los problemas estructurales en ese aspecto, pero que la misma se debe convertir en una oportunidad para multiplicar esfuerzos y eliminar ese problema.

Por su parte, la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, afirmó que más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes salen a diario a trabajar en el país, con el riesgo de sufrir todo tipo de agresiones. Se debe legislar para evitar la criminalización de su pobreza. Propuso impulsar una iniciativa de reformas para prevenir su explotación laboral y establecer políticas de salvaguardia.

Por su parte, Silvia Novoa, directora nacional de Word Vision México, resaltó que el trabajo infantil en México es un problema socialmente aceptado y normalizado, aun cuando se vulneran los derechos de niños al desarrollo a la supervivencia y a la protección, pues pone en riesgo su salud, su desarrollo físico y psicoemocional, además que coarta su derecho a la educación, al descanso y no discriminación.

Las estimaciones económicas derivadas de la crisis sanitaria, dijo, proyectan una contracción económica importante a millones de familias que ya vivían en condiciones de pobreza, agravará aún su situación y causará que niños, niñas y adolescentes, se integren al trabajo infantil, sobre todo a labores peligrosas, mal remunerado y en el que se violen sus derechos.

En este contexto, expuso que World Vision impulsa, a través de foros como este, acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Llamó a los gobiernos federal, estatales y municipales a unir esfuerzos de colaboración y articulación con organizaciones de la sociedad civil para eliminar la explotación infantil, atendiendo los contrastes de zonas rurales y urbanas, con acciones transversales integrales y con la ayuda del sector empresarial.

El doctor Jorge Cardona, antiguo miembro del Comité de Derechos del Niño, dijo que la pandemia podría provocar que México retroceda en su avance contra el trabajo infantil. Sin embargo, consideró que se puede tomar una oportunidad para cambiar la situación y adoptar medidas para su erradicación en el mundo.

Coincidió que la expectativa ante el Covid-19, es que el trabajo infantil aumente con peores condiciones, por lo que urgió a adoptar políticas de Estado para trabajar desde la pandemia y no después de ella. En este sentido, pidió la colaboración de los poderes del Estado, que el Legislativo colabore con él Ejecutivo y con el Poder Judicial, para lograr una política de Estado de protección social.

Llamó a ratificar el Tercer Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, que ayudará a un mejor control de la actividad del Estado y recibir mejor asistencia en la materia.

En su oportunidad, María Fernanda Espinosa, presidenta del 73 Periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones (2018 – 2019), aseguró que los efectos multidimensionales de la pandemia recaen en la población más vulnerable: refugiados, desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Destacó que el número de personas que experimentaban inseguridad alimentaria antes del coronavirus podría duplicarse según expertos a 300 millones de personas, elevando los niveles de desnutrición y hambre en el mundo, es decir, que se tendrán efectos devastadores para los menores.

A su vez, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), señaló que se requiere un trabajo muy articulado de todas las organizaciones sociales, de la mano de la iniciativa privada, para resolver este enorme problema. Expuso que desde el Senado de la República se debe modificar la legislación vigente para visibilizar, atender esta problemática.

En tanto, Martha Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aseguró que el problema empieza cuando sus padres o tutores se quedan sin empleo, lo que, aunado a la pobreza familiar, obligan a los menores a trabajar en la mayoría de los sectores productivos con ingresos precarios. Sugirió establecer campañas informativas para proteger sus derechos, prevenir la violencia en su contra y evitar el trabajo infantil al margen de la ley.

Omar Nacib Estefan, director general de Seguridad Social de la Secretaría del Trabajo, afirmó que el problema del trabajo infantil es un reto multifactorial y se logrará resolver en la medida que se garantice a sus padres o tutores seguridad en el empleo. Expuso que en ocupación permitida hay casi 2 millones 345 mil menores y en la ocupación no permitida o peligrosa hay más de 2 millones de ellos laborando. Señaló que se deben dignificar y garantizar sus derechos y evitar la subcontratación.

El foro fue organizado por el Senado de la República y World Vision Por los Niños, en conjunto con la Iniciativa: Uniendo esfuerzos por la niñez, integrada por Save the Children, Child Fund México y Aldeas Infantiles SOS México.