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Un apunte sobre la política económica frente a la pandemia

Poradmin

Mar 25, 2020


Saúl Escobar Toledo

La propagación del coronavirus representa en primer lugar una amenaza sanitaria pero también un riesgo económico. La UNCTAD, el organismo más importante de la ONU para el desarrollo ha anunciado que los efectos del Covid 19 desatarán una recesión en algunos países y un menor crecimiento en otros. La duración y la profundidad de la crisis dependerán de la gravedad del contagio pero, asimismo, de la eficacia de las políticas públicas. La caída de la producción puede tener la forma de una V, es decir, de corta duración. O puede tener la forma de una U, lo que significaría una recesión más prolongada.
Para diseñar una política económica adecuada, la UNCTAD considera que es necesario tomar en cuenta los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero.
En el primer caso, las reclusiones y aislamientos de las personas están provocando un menor consumo sobre todo en el sector servicios: turismo, restaurantes, etc. En el lado de la oferta, la suspensión de actividades y el ausentismo forzado en algunas ramas manufactureras en las localidades más contaminadas por el virus tendrán efectos a nivel global. La caída de exportaciones de bienes finales y de materias primas y otros insumos, afectarán a las empresas y el empleo en varias partes del mundo. En cuanto al sector financiero, el principal problema es el endeudamiento público y corporativo en muchos países, y un sistema dedicado a la especulación y la evasión fiscal.
La respuesta apropiada tiene que atender estos canales. Los gobiernos deben aumentar su gasto, comprando bienes esenciales para combatir la enfermedad e invirtiendo en otros rubros como la industria de la construcción, pero también realizando transferencias directas en efectivo a la población más necesitada.
Resulta fundamental tomar en cuenta que, en estos momentos, a pesar de los problemas del lado de la oferta, se requiere sostener la demanda, aunque para ello los gobiernos tengan que recurrir a un mayor endeudamiento. En cambio, la UNCTAD no recomienda llevar a cabo rescates o transferencias directas a las empresas.
Por otro lado, será necesario facilitar el otorgamiento de créditos directos a la producción sobre todo mediante los bancos de desarrollo. Instituciones multilaterales como el FMI deben ofrecer, igualmente, mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada.
Dicho en otras palabras, las políticas económicas aplicables deben partir del reconocimiento de que la pandemia está agravando otra enfermedad mayor de nuestro tiempo: la creciente y excesiva desigualdad económica y social.
Por ello, será necesario ayudar primero a las personas más vulnerables al virus y a la recesión productiva. Desde una óptica laboral, de cara a la emergencia, se pude partir del esquema de Milanovic y tomar en cuenta cinco grupos de trabajadores: a) doctores y personal médico; b) empleados formales en el sector servicios (sobre todo en el comercio de bienes de consumo); c) obreros industriales y trabajadores rurales; d) profesionales y personas que pueden laborar a distancia (desde su casa); y e) trabajadores informales por su cuenta de todo tipo, principalmente aquellos que se verán afectados por la caída del consumo.
El problema es que, para evitar contagios, los trabajadores deberían laborar menos tiempo o de plano irse a sus casas y recluirse. Sin embargo, en el caso de a), ello sería catastrófico; en lo que toca a b), su ausencia puede generar un desabasto de alimentos y bienes esenciales; si los empleados de c) faltan a sus labores ello puede repercutir en una menor demanda y oferta de bienes; y en referencia a e), la falta de ingresos puede conducirlos a buscar otras fuentes igualmente peligrosas desde el punto de vista sanitario o ser víctimas de una grave crisis social. Los únicos que no se verán afectados sensiblemente son los d).
Por ello, es indispensable buscar un equilibrio entre mantener activos a algunos trabajadores y recluir a otros. No se puede ni mandar a todos a su casa ni dejar que las cosas funcionen como si nada pasara. Hay que tratar de mantener la actividad económica, aunque desde luego a un menor ritmo, tanto como sea posible.
La cuestión radica entonces en explorar si se puede lograr un mejor equilibrio entre reclusión y trabajo, entre mantener una parte de la actividad económica y combatir la propagación del virus.
Según algunos especialistas, como Wan Manan y Nazihah Noor, expertos en salud pública, la experiencia de Corea del Sur (y de Japón y Taiwán) mostraría que se puede controlar el Covid-19 (la tasa de mortalidad aquí ha sido menor al 1%) y al mismo tiempo evitar la asfixia de las actividades económicas y sociales. Las autoridades de ese país alegan haber adoptado un modelo diferente al del occidente, basado, por un lado, en restringir reuniones masivas y cerrar escuelas pero, además, en cuidar selectivamente a la población en mayor riesgo y promover mecanismos de diagnóstico temprano y eficiente, lo que requiere la participación de las personas y las familias (no sólo del gobierno). La respuesta de estos países en materia económica sugiere también la necesidad de un estado fuerte que actúe con decisión para reasignar recursos y mano de obra, de tal manera que las empresas produzcan lo que más se necesita en estos momentos. Con base en la experiencia asiática, recomiendan a los gobiernos considerar diversas opciones y actuar con prudencia, no bajo la presión del pánico. De esta manera, señalan, se podría evitar que las medidas sanitarias y sus consecuencias económicas afecten a más personas que la propagación del virus
Podemos entonces sacar algunas conclusiones para el caso de México. Se requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva. Para ello, el gobierno debe aumentar su gasto corriente y sus inversiones en infraestructura en el sector salud y en aquellas ramas productivas que considere necesarias. Adicionalmente, elevar las transferencias directas de efectivo a la población más vulnerable: adultos mayores y trabajadores sin protección social. En materia de política fiscal, hay que subrayar que México tiene un nivel de deuda menor que otros países, por lo que hay que olvidarse de los parámetros previstos antes de la epidemia. Desde luego dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%, reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento. También habría que pensar en una reducción del IVA. El crédito a las empresas por parte de la banca de desarrollo deberá aumentarse de manera programada sobre todo en la medida en que la enfermedad vaya cediendo.
En materia laboral, habrá que hacer nuevas contrataciones para el sector salud (que no requieran una capacitación prolongada) y fortalecer la seguridad de sus condiciones de trabajo; proteger con medidas sanitarias a los trabajadores del sector servicios, sobre todo de distribución, comercialización y venta de productos alimenticios y de consumo final más indispensables, y tratar de evitar despidos o vacaciones forzosas no pagadas; garantizar la estabilidad laboral de los obreros de las manufacturas (y la agricultura), y los pagos correspondientes por enfermedades y paros técnicos. Un caso aparte son las personas que trabajan por su cuenta en la informalidad, a los cuales se le debe garantizar su atención médica gratuita, ayudarlos a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias en efectivo focalizadas).
Llevar a cabo acciones que aminoren la caída económica y al mismo tiempo eviten los contagios del virus, requiere la confianza de la ciudadanía en sí misma, en las instituciones y en la información de fuentes confiables.
La capacidad del gobierno para atender todos estos rubros será (siempre lo es) limitada. La clave del éxito no reside en la escasez sino en la capacidad del gobierno y del estado mexicano para actuar con habilidad, conocimiento y decisión. Y en la solidaridad de los ciudadanos para no sólo ver por sí mismos sino también por los más necesitados.

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