31 DE ENERO 2018
Una vez más nos hemos convocado las organizaciones campesinas, sociales y sindicales independientes y democráticas para salir a las calles y manifestarnos para demandar un cambio de rumbo económico y social para nuestro país. Advertimos que la actual situación del país es resultado del modelo económico neoliberal implementado por los gobiernos priistas y panistas en los últimos 38 años. Es evidente que estas políticas han precarizado la vida de millones de mexicanos, muchos de los cuales viven en condición de informalidad total: sin salario, sin prestaciones, llegando al extremo de pagar al patrón por trabajar. Se han convertido en mercancía derechos humanos básicos como la educación, la cultura, salud, alimentación y vivienda, negando así el acceso a una vida digna. Este modelo ha venido operando a costa de graves violaciones a los derechos humanos, haciendo inexistente el estado de derecho y provocando que la impunidad sea la constante, como es el caso del acceso a la justicia a más de tres años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Denunciamos que la Ley de Seguridad Interior es un mecanismo perverso que busca criminalizar la protesta social con miras al próximo contexto electoral. La solución a los conflictos sociales no debe ser la militarización de la vida civil, sino establecer mecanismos reales de diálogo y participación social. Demandamos la liberación de todos los presos políticos del país y el cese a la represión.
La reforma energética neoliberal propició la liberación de precios de la gasolina detonando la mayor inflación en los últimos años y desatando una ola de descontento el año pasado. Además, al inicio de este nuevo año se presenta un alarmante panorama de incertidumbre, debido a la persistencia en el alza de precios de productos básicos. La crisis económica en la que nos encontramos no puede ser resuelta en el marco del modelo neoliberal y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni con el establecimiento de negociaciones del tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). El TPP 11 renombrado como Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP), y el TISA, representan la profundización de este modelo y por ende de la crisis. Es necesario construir un nuevo modelo de integración de los pueblos, en el que sea escuchada y tomada en cuenta la voz de la sociedad y de las mayorías nacionales del campo y la ciudad, en el que se priorice la vida y el respeto al territorio sobre las ganancias económicas, en el que se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos.
La feminización de la pobreza y la violencia, incluido el feminicidio, la desaparición forzada, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la impunidad y la negligencia de gobierno para la atención de los casos, las condiciones de precariedad laboral, los bajos salarios y discriminación permanente, entre otras afectaciones, han sido reclamos históricos que se profundizan y cobran fuerza a partir del incremento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas.
La reforma del artículo 123 constitucional de 2017 avanzó en desmantelar el sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora; sin embargo, la iniciativa de reglamentación al artículo Constitucional referido, presentada por el gobierno federal a través de dos senadores priistas de la CTM y la CROC, no solo contradice el espíritu de la reforma constitucional al imponer un órgano tripartito al Instituto de Conciliación y Registro regresando con ello al sistema corporativo de control, sino que se excede al reformar e imponer procedimientos de carácter civil, dejando de lado los principios que rigen el derecho del trabajo, como un derecho social y de clase. Así mismo, con el propósito de un mayor abaratamiento de la mano de obra y de destrucción del sindicalismo, se pretende implementar un nuevo modelo laboral al ampliar las posibilidades de uso de la subcontratación, además de dificultar el acceso al derecho de huelga. Dicha iniciativa debe ser retirada pues no representa los intereses de la clase trabajadora y, en su lugar, abrir espacios reales de discusión y diálogo entre legisladores, trabajadores, organizaciones sindicales y sociedad civil para que cualquier iniciativa se apegue al espíritu y naturaleza original del Artículo 123 Constitucional.
La reactivación del campo sigue siendo un tema pendiente. Es necesario implementar políticas públicas que beneficien a los pequeños y medianos productores y no a empresas transnacionales, mediante proyectos de financiamiento. Actualmente, más del 60% de los alimentos que consumimos son importados; es necesario recuperar la soberanía alimentaria, producir alimentos saludables que ayuden a combatir los graves problemas de salud que empiezan a aquejar a nuestra sociedad y garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo
Proponemos una política aeronáutica integral y progresista que considere la creación de una agencia de aviación independiente del Estado, para fortalecer y desarrollar la industria aérea, en beneficio de los usuarios y los trabajadores. Al mismo tiempo, exigimos al gobierno federal una respuesta urgente para resolver de manera definitiva el quebranto ilícito de Mexicana de Aviación.
Los sismos de septiembre pasado evidenciaron nuevamente la torpeza de los gobiernos pues fue la sociedad civil quien se organizó y respondió ante la terrible emergencia. Cientos de manos solidarias se aprestaron a ayudar al vecino, acopiando víveres y removiendo escombros. Sin embargo, a cuatro meses de los sismos, aún hay cientos de personas que no saben qué va a pasar con ellos, pues perdieron todo su patrimonio y continúan viviendo en improvisados campamentos. Asimismo, exigimos la reconstrucción y protección del patrimonio cultural afectado y evitar su privatización y el uso para fines mercantiles del mismo. Es necesario que se dé un seguimiento puntual a los donativos que desde diferentes partes del mundo llegaron para apoyar en la reconstrucción, y que efectivamente se apliquen en programas de reconstrucción de infraestructura y que beneficien a los damnificados y les debe de apoyar hasta que logren reconstruir su vida. Asimismo, rechazamos los cobros ilegítimos para los usuarios de la energía eléctrica y demandamos una tarifa social.
Es por todo esto, que diferentes organizaciones de la sociedad civil, de trabajadores y campesinos hemos empezado un proceso de construcción de la más amplia unidad. Nos pronunciamos por la construcción de una Agenda Social de los trabajadores, campesinos y sociedad civil, que se encamine en la solución de los graves problemas que enfrentamos. Es necesario que las fuerzas de izquierda y democráticas del país seamos capaces de dialogar entre nosotros, pero también con el resto de la sociedad; con aquellas trabajadoras y trabajadores lanzados a la informalidad sin derechos ni prestaciones, con la juventud excluida de la educación y que no tiene más futuro que la precariedad; con aquellas comunidades que sufren en carne propia los abusos y violencia; con los pueblos originarios que al defender sus formas y costumbres defienden el derecho a la vida y el territorio; en fin, con la gran mayoría del país y juntos avanzar en la construcción de un amplio movimiento por la defensa de los derechos humanos y por un Nuevo Modelo Social y Económico que impulse procesos de auto organización popular.
Apoyamos decididamente las iniciativas y las movilizaciones del sindicalismo universitario, contra la privatización de su materia de trabajo, por mejores salarios y prestaciones y exigir al Estado el cumplimiento de su responsabilidad social dotando de presupuestos suficientes a todas las instituciones de educación, la investigación, la ciencia y la cultura.
Nuestra agenda debe promover el crecimiento y desarrollo económico basado en la reconstrucción del mercado interno y las cadenas productivas, debe incluir el pleno empleo, pero con condiciones dignas, el impulso a la economía social solidaria, una política salarial que garantice salarios remuneradores, el combate a la impunidad y el respeto pleno a los derechos humanos, la defensa de la educación pública, laica y gratuita y por la derogación de reforma educativa. La ciencia, la cultura, la investigación y la educación en general deberán contar con presupuestos multianuales suficientes para garantizar el acceso de todas y todos a la educación, la cultura y las artes y el vínculo entre ellas, asimismo políticas públicas y sociales para atender el grave problema de violencia hacia la mujer de manera prioritaria en aras de arribar a la igualdad sustantiva, con hechos y resultados que permitan superar la enorme brecha existente entre hombres y mujeres. Pugnamos por el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
De cara al próximo proceso electoral manifestamos que nuestra agenda va más allá de lo electoral. Pretendemos fundamentalmente una participación más activa para la transformación de la sociedad e influir en dicho proceso, pero desde una perspectiva democrática y progresista, desde la visión de los trabajadores del campo y la ciudad y de una Agenda Social, desde su autonomía e independencia. El reto es grande, pues grande es también la crisis que vivimos. Sin embargo, estamos convencidos que mediante la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas lograremos la construcción de un amplio movimiento social y avanzar en el cambio de rumbo que nuestro país necesita urgentemente.