A iniciativa de un grupo de mujeres, Isabel Ferreras, Dominique Méda y Julia Battilana, todas ellas distinguidas profesoras de universidades como la Católica de Lovaina en Bélgica; la de París-Dauphine; y la de Harvard, Estados Unidos, ha empezado a circular en las últimas semanas un Manifiesto por el trabajo. Dicho escrito ya fue respaldado por casi 6 mil investigadores de 700 universidades de todos los continentes y ha sido publicado en 36 países y 27 diferentes idiomas. Entre quienes lo han apoyado se encuentran figuras tan conocidas e influyentes como Katharina Pistor, Dani Rodrik y Thomas Piketty. En México, el documento ha circulado en los medios académicos, pero no en la prensa, al alcance de un público más amplio. Así que, hasta donde sabemos, los lectores de El Sur serán los primeros en conocer, en forma resumida, el contenido de esta propuesta, la cual se puede encontrar íntegramente en el sitio democratizingwork.org.
El manifiesto inicia reconociendo el trabajo de los médicos, enfermeros, repartidores de productos y encargados de las farmacias o de los establecimientos esenciales para nuestra manutención cotidiana, pues gracias a ellos hemos podido sobrevivir durante el periodo de confinamiento obligado por la pandemia. Sus labores, por lo tanto, deben ser protegidas y no quedar expuestas a las leyes del mercado. De lo contrario, se corre el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas. Por ello –afirma la proclama– hay que democratizar el trabajo, democratizando la empresa y, al mismo tiempo dejar de tratarlo como una mercancía. Estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían actuar colectivamente para limpiar y rescatar al planeta.
Democratizar el trabajo quiere decir combatir la idea de que las personas trabajadoras deben ser tratadas como “recursos” cuando en realidad son la parte constitutiva de las empresas. Los empleados casi siempre son excluidos de la participación en el gobierno de los negocios y éste ha quedado en manos de los accionistas, los que aportan el capital. Defender la representación de los trabajadores en la dirección de las empresas no es un hecho nuevo ni imposible en las economías de mercado. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial a través de Comités de Empresa y diversas experiencias de cogestión. Sin embargo, los primeros fueron demasiado débiles y las segundas insuficientes Ahora, estos comités deben tener derechos similares a los de las Juntas Directivas, a fin de someter al gobierno de la empresa, los Consejos de Administración y la gerencia general, a una doble mayoría.
Se propone también desmercantilizar el trabajo. La creación de puestos laborales en el sector de la salud y en actividades ligadas al cuidado de personas o al suministro de equipos y materiales indispensables han estado sometidos a la lógica de la rentabilidad. Las decenas de miles de fallecidos nos recuerdan, penosamente, dice el escrito, que hay necesidades colectivas estratégicas que no deberían estar regidas por el mercado.
De igual manera, el manifiesto propone garantizar para todos un trabajo digno a través de una Garantía de Empleo (job guarantee). Ello implica el reconocimiento del derecho al trabajo, como lo señala el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (o, por ejemplo, la Constitución de México), lo que implica la libre elección de una actividad y sobre todo el derecho a condiciones laborales justas y satisfactorias y a una protección contra el desempleo. Esta garantía de empleo debería ser administrada por las comunidades y administraciones locales para contribuir a evitar el colapso climático y garantizar un futuro digno para todos y todas.
El manifiesto sugiere que los estados nacionales deben contribuir con los recursos necesarios para impulsar este proyecto. Proponen para ello, revisar los objetivos de los bancos centrales, incluyendo el de la Unión Europea, de tal manera que éstos puedan financiar estos programas. Se ofrecería, además, una solución anticíclica al choque económico que ya se nos vino encima por el desempleo masivo.
Finalmente, el manifiesto llama a no repetir los errores cometidos a raíz de la Gran Recesión de 2008 pues en esa ocasión se quiso resolver la crisis mediante el rescate incondicional del sector financiero, aumentando la deuda pública. Si los gobiernos vuelven hoy a intervenir en la economía es importante que esos apoyos se condicionen cambiando la orientación estratégica de las empresas beneficiadas. Éstas deberán cumplir normas medioambientales más estrictas y, asimismo, implantar un gobierno democrático a su interior. Según el manifiesto, las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán las que cuenten con administraciones en las que tanto los inversionistas como aquellos que aportan su trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias que se vayan a poner en práctica. Debe reconocerse que, hasta ahora, el compromiso capital/trabajo/planeta ha resultado siempre desfavorable a las dos últimas y sólo se ha beneficiado al primero. Algunas cooperativas y empresas de la economía social y solidaria, que se han propuesto como objetivos darles viabilidad financiera a sus proyectos y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones sociales y medioambientales, han implantado gobiernos internos más democráticos demostrando que son una opción viable.
El manifiesto termina así: No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan el capital de las empresas no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que aportan su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar al planeta.
Hasta aquí las tesis del manifiesto. Desde mi punto de vista, estas ideas forman parte de un abanico cada vez más amplio de alternativas que han salido a la luz en las últimas semanas. Se ha extendido la convicción de que el confinamiento no ha sido un paréntesis, un espacio de tiempo sin consecuencias, y que a la salida de esta reclusión encontraremos, ya los estamos viendo, una realidad distinta a la que dejamos antes del encierro. Esta nueva realidad es, por lo pronto, más sombría. Para remediar esto, no podemos dejar que las condiciones sociales, económicas y políticas que han prevalecido sigan inalteradas. No podemos arriesgarnos a prolongar esta calamidad o a sufrir otra en condiciones cada vez más adversas. Pero cambiar qué y cómo es el debate que tenemos que dar en todos lados.
El manifiesto aporta algunas ideas estratégicas. Para el caso de México, me parecen de especial relevancia las siguientes: hacer efectiva la garantía de empleo (quizás en lugar de un ingreso mínimo vital); su financiamiento a través de los bancos centrales; y el rescate de empresas a condición de que cumplan un conjunto de normas administrativas, laborales y ecológicas. Lo anterior se traduciría, en lo inmediato, en un seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal; y un financiamiento y protección permanente para quienes realizan actividades informales (en un taller familiar o por su cuenta). Igualmente, que los recursos del Banco de México ya no se canalicen a la banca privada sino directamente al gobierno o gobiernos (estatales, municipales) para apoyar la salud y la protección al empleo; y que los créditos a las empresas se otorguen solo cuando éstas garanticen un mejoramiento de su desempeño y su democratización interna. Finalmente, habría que apoyar a la economía social y solidaria, un sector que apenas despunta en nuestro país. Estas y otras propuestas no pueden ser desechadas sin discusión. Poner en pie lo que ha estado de cabeza, para hacer uso de una cita famosa, requiere de muchas ideas nuevas y audaces.
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