Cumplimos diez años de la crisis financiera internacional que provocó una de las más grandes recesiones económicas a nivel mundial profundizando la precarización y la desigualdad social. Este 2018 es un año clave para la Unión Nacional de los Trabajadores, pues nos encontramos ante una coyuntura que permite impulsar nuestra agenda social y laboral para avanzar en el cambio de modelo económico y social. Esta coyuntura tiene varios factores:

Por un lado, la masiva participación en la jornada electoral de julio pasado, en la cual el descontento con los resultados de 30 años de políticas neoliberales trajo consigo la derrota de los partidos hasta entonces hegemónicos y el surgimiento de una nueva fuerza electoral.

Este descontento tiene que ver con el fracaso de un modelo neoliberal y de gestión de la crisis, que ha traído consigo una desregulación progresiva del mercado de trabajo. También, la creciente mercantilización del trabajo y de las necesidades sociales, que se ha traducido en una degradación sistemática de las condiciones de vida y del trabajo con lo que se han generalizado la precariedad laboral, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la pérdida de diversos derechos sociales.

La supremacía de las corporaciones y los centros financieros internacionales característica del modelo neoliberal, han erosionado la soberanía nacional, generando un crecimiento económico mediocre, profundizando el deterioro del medio ambiente en el contexto de una nueva división internacional del trabajo asociada con la revolución científica y tecnológica. Durante la etapa neoliberal, por otra parte, el histórico control corporativo sobre la clase trabajadora no sólo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido a través de mecanismos perversos como el contratismo de protección patronal.

El triunfo de MORENA se explica a partir del descontento con este modelo económico y por el surgimiento de una amplia gama de luchas que, desde diversos sectores sociales, han planteado su oposición hacia las políticas neoliberales; sin embargo, la victoria electoral de Morena no garantiza a priori la sustitución de dicho modelo, ya que los intereses articulados alrededor de las políticas neoliberales se mantienen vigentes a través de los grupos empresariales beneficiados por aquellas, de los organismos autónomos creados para lograr su continuidad como el Banco de México y el IFT, o de los consejos de administración de las empresas productivas del Estado o, inclusive, a través de los pactos informales con el crimen organizado.

Adicionalmente, el carácter políticamente diverso y multiclasista de la alianza electoral triunfante indica que al interior del futuro gobierno se librará una intensa disputa política para definir su orientación. Es por ello que, para la UNT y sus aliados, es ineludible seguir construyendo una fuerza social autónoma que impulse los cambios progresistas, el cambio de rumbo de la economía y la democratización del régimen político ya que, desde nuestra perspectiva, es fundamental convertir el descontento social en organización y movilización social, pues sólo así se lograrán los objetivos de los trabajadores del campo y la ciudad, a pesar de las inercias y los intereses creados que presionarán al futuro gobierno para preservar sus privilegios.

Para lograr el desarrollo con justicia y equidad es necesario convertir a los sectores claves de la economía como la educación, el campo, la energía, las telecomunicaciones o el sector automotriz, en motores del crecimiento económico sostenido y sustentable; ello requiere a su vez de la participación organizada de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores. Un obstáculo para impulsar este proceso es el modelo de control corporativo sobre las organizaciones sociales que algunos sectores conservadores de la actual y de la próxima administración intentan reciclar. Ante ello la UNT se pronuncia por una nueva vinculación entre el gobierno y la sociedad que, en el caso del mundo del trabajo, se sustentaría en la contratación colectiva auténtica, la autonomía de los sindicatos y la libertad sindical.

Una muestra de un esquema distinto de interlocución podría establecerse con el poder legislativo en temas como la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma laboral del 2017, reforma que el gobierno de Peña intentó revertir mediante un albazo legislativo. La pronta respuesta del sindicalismo independiente y democrático impidió esta regresión. Como UNT presentamos una propuesta de ley reglamentaria y, actualmente, nos encontramos en proceso de consensar con académicos, abogados laboralistas y otras fuerzas sindicales una propuesta que busca lograr la indispensable democratización del mundo del trabajo; erradicando el tripartismo y garantizando los derechos de contratación colectiva, libertad sindical y huelga. Al parecer existen condiciones favorables para avanzar en este propósito.

Por otro lado, debemos considerar en ese contexto la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que, a iniciativa del gobierno derechista y conservador de Donald Trump, responde a la reconfiguración geopolítica y económica, así como a la necesidad de Estados Unidos de recobrar y consolidar su hegemonía económica y comercial frente a China ante la revolución científico-tecnológica en curso.

El actual modelo de globalización económica se basa cada vez más en el uso intensivo de la robótica, la digitalización, la automatización y las comunicaciones e implica una drástica modificación de los sistemas productivos que conllevan la creación de nuevas formas de empleo que modifican los mercados de trabajo. Por ello, una prioridad para los sindicatos es democratizar el uso de la tecnología de manera que el país y, en especial, los trabajadores se apropien de ella y logren su control, para hacerla más compatible con la democracia y promover la innovación además del desarrollo tecnológico nacional, así como los derechos humanos, de manera que se convierta en una palanca para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todas y todos los trabajadores.

Estamos ante una nueva configuración de las relaciones laborales en cuyo centro se mantiene la permanente subordinación del trabajo al capital y una mayor explotación y dominación de la fuerza de trabajo mediante la ampliación e intensidad de las jornadas laborales, además de la degradación de los derechos sociales: educación, salud y la seguridad social. En los mercados laborales se profundiza sin cortapisas la flexibilización, la precarización del empleo y de las condiciones de vida, el trabajo a domicilio y a tiempo parcial, así como la informalidad y el deterioro de los salarios reales y la seguridad social; además, por supuesto, el derecho a jubilaciones y pensiones dignas.

En estas nuevas formas de relación de trabajo “postmodernas” se mantienen las antiguas formas de explotación de la fuerza de trabajo, por lo que es fundamental que los trabajadores y sus organizaciones sindicales sean los protagonistas y punta de lanza para impulsar los debates, el diálogo social y la interlocución en la definición de políticas públicas. Es de vital importancia que las y los trabajadores nos involucremos en reapropiarnos de nuestra materia de trabajo y, sobre todo, de las nuevas formas de la producción y la gobernanza del trabajo con un enfoque basado en los derechos de los trabajadores y, particularmente, configurar el futuro del mundo del trabajo desde la perspectiva de los trabajadores.

En el marco de la globalización económica y el surgimiento de las nuevas modalidades laborales dentro de las relaciones de trabajo, los sindicatos estamos luchando para que estas formas del trabajo tengan como prioridad: la negociación colectiva, la interlocución social para la definición de las políticas públicas con un enfoque basado en los derechos fundamentales del trabajo y un modelo que garantice la libre sindicalización, el bienestar social y el acceso a la justicia social; asimismo, construir un conjunto de mecanismos de verificación del cumplimiento de los derechos a la contratación autentica, trabajo digno, salario remunerador y garantía de la seguridad social. Estos mecanismos deberán ser de carácter vinculante, así como contar con formas de penalización por su incumplimiento ante las nuevas condiciones laborales que implican las tecnologías de la información y el conocimiento.

Además, nuestra acción sindical se entiende también como movimiento social, al asumir las demandas y reivindicaciones del conjunto de la sociedad y que superan la visión gremialista de reivindicaciones exclusivamente centradas en las demandas laborales, por lo que, además de asumir la lucha y defensa de las conquistas laborales, las complementa y fortalece en la lucha social, e impulsa procesos unitarios y la construcción de distintas coaliciones sociales con base al proyecto político de la Agenda Social, que tiene como referente la centralidad del trabajo y su revalorización.

Esta agenda se estructura en los siguientes ejes:

1. Construir una nueva gobernabilidad democrática sustentada en la Reforma Social del Estado para lograr un verdadero equilibrio entre sus poderes, así como el cumplimiento y ejercicio de las libertades y los derechos humanos en el marco de un renovado estado de derecho y de democracia participativa. La sociedad debe estar involucrada activamente en la elaboración y ejecución de las principales políticas públicas y contar, en todo momento, con la facultad de auditarlas.
2. Cambiar el rumbo de la política económica para erradicar la desigualdad y la pobreza, reconstruyendo el mercado interno, así como las cadenas productivas. Esto incluye fomentar el financiamiento preferencial a la economía social y a las pequeñas y medianas empresas mediante políticas públicas que permitan la generación de empleos. También, promover una política fiscal redistributiva, progresiva y multianual, que contemple mecanismos efectivos de justicia fiscal para combatir la corrupción, así como la evasión y elusión fiscal, lo que hará factible obtener recursos para impulsar políticas sectoriales y regionales de inversión productiva y de desarrollo de la planta industrial del país. Por lo tanto, ha de considerar dentro del presupuesto del sector público los recursos necesarios para la reconstrucción de la infraestructura física y social del país, principalmente de los Estados afectados por los desastres naturales; los programas correspondientes deben considerar acciones en materia de vivienda, salud y educación.
3. Promover la democratización y modernización del mundo del trabajo, ello implica detener cualquier intento de contrarreforma. La UNT considera indispensable asumir acciones para impulsar una reforma en materia procesal respetuosa del espíritu tutelar y la naturaleza social del artículo 123 constitucional, en conjunto con leyes secundarias que permitan su adecuada materialización; además de una mejora de los servicios, el bienestar social de los/as trabajadores/as a través del trabajo digno, estabilidad en el empleo y seguridad social; así como impulsar un proyecto de transformación integral del sistema de relaciones laborales del que debe ser parte la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mediante un programa permanente para conseguir este propósito.
4. Reconstruir el sector productivo del campo e impulsar la sindicalización de los trabajadores del campo y la organización de los pequeños y medianos productores rurales, para lograr la soberanía alimentaria garantizando el derecho a la alimentación. En este contexto es necesario impulsar la aprobación de “la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas” y establecer programas para proteger los recursos naturales, la biodiversidad, el acervo genético y los territorios. Otra medida importante para promover la soberanía alimentaria consiste en eliminar el capítulo agropecuario del TLCAN.
5. Promover la reforma del sistema de justicia para erradicar la corrupción, la impunidad y los privilegios. Es necesario: plantear un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado y la violencia para revertir la militarización del país, erradicar la criminalización y judicialización de la lucha y la protesta social, fomentar el respeto a los derechos humanos y desarrollar políticas de inclusión y desarrollo en beneficio de las comunidades y los jóvenes para prevenir la delincuencia
6. Fortalecer la educación pública, laica y gratuita, la ciencia, el desarrollo tecnológico, la cultura y el patrimonio cultural y sus instituciones como motores del desarrollo integral del país. El Estado debe garantizar un crecimiento del porcentaje del gasto social vinculado al PIB y un presupuesto progresivo y multianual a las instituciones públicas de educación, reconociendo el financiamiento de la educación como una inversión del Estado, para garantizar que la educación sea una realidad para todas y todos como un derecho humano fundamental y un bien público social.
7. Construir un sistema de salud y seguridad social nacional recuperando el carácter solidario de los fondos de pensiones, así como la responsabilidad social del gobierno y los empleadores para construir un sistema Integral de Salud y Seguridad Social sustentado en un financiamiento tripartito que garantice la cobertura universal de los derechos de los trabajadores.
8. Desarrollar una agenda para promover la equidad de género, combatir y sancionar todo tipo de discriminación y las distintas violencias, por motivo de raza, género, filiación política o preferencia sexual, que viven las mujeres incluido el feminicidio. Asimismo, garantizar trabajo digno y estable, salario remunerador y seguridad social para arribar a la igualdad sustantiva.
9. Promover una política aeronáutica de Estado por medio de la creación de una agencia especializada del gobierno federal con pleno respeto de los derechos laborales.
10. Impulsar una agenda digital para garantizar el derecho de todos los mexicanos a acceder a las tecnologías de la información, así como para desarrollar proyectos como el internet de las cosas, las ciudades digitales y las redes de nueva generación. Rediseñar la estructura del gobierno federal para crear una dependencia especializada en el desarrollo digital como una de las vías hacia la soberanía tecnológica.
11. Recuperar la soberanía energética del país, revisando los contratos de concesión de yacimientos petroleros, promoviendo la industria petroquímica nacional, impulsando el desarrollo de fuentes de energía alternativas y limpias como la industria nuclear o la energía solar. Revertir la reforma energética privatizadora nos permitirá convertir a este sector estratégico en una palanca para el desarrollo nacional.
12. Impulsar un modelo alternativo de integración regional de América Latina basado en la cooperación y en la complementación para el desarrollo económico, que se sustente en el pleno respeto de los derechos laborales y humanos, en la soberanía alimentaria y energética de la nación, la protección del medio ambiente, así como en la reducción de la desigualdad social y de las asimetrías entre las distintas naciones. Estos principios deben guiar la suscripción de cualquier acuerdo que avale el gobierno mexicano en los ámbitos económico, social, cultural y político.
13. Estos y otros temas deben ser parte del Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno, por lo que llamamos al diálogo con nuestra central sindical para construir dicho plan en la perspectiva de abrogar las reformas estructurales neoliberales ya que son contrarias a los intereses de la nación.

Una de las tareas fundamentales e inmediatas es fortalecer nuestra unidad y cohesión manteniendo nuestra independencia y autonomía ante el gobierno, los patrones y las iglesias para, así, seguir impulsando nuestra agenda de cambio social. Debemos también fortalecer a la UNT en los estados de la República y nuestra política de alianzas para reforzar la unidad de acción más amplia de los movimientos sociales y los sindicatos democráticos y progresistas, así como promover grandes movilizaciones capaces de cambiar la correlación de fuerzas, ya que sólo se podrán tener avances verdaderos implicando también al conjunto de la izquierda social y la izquierda política.

Una tarea estratégica sería, entonces, continuar articulando a la izquierda política y social, para que, a partir de ella, pueda construirse un frente amplio que aglutine a la creciente y dispersa oposición y conformar el gran bloque social antineoliberal que necesitamos, capaz de coadyuvar con el cambio de rumbo a partir de las coincidencias de los distintos actores políticos y sociales democráticos con nuestra agenda social y nuestro proyecto de nación.

Este proceso de construcción de una nueva fuerza social de carácter progresista, democrática y plural para transformar política, económica y socialmente a nuestro país, será viable sólo con la presión social combinada con la capacidad de propuesta, dispuesta a vencer el enorme poder acumulado por los poderes fácticos y evitar que, en nuestro país, se profundicen la pobreza, la exclusión social, el autoritarismo y la subordinación ante los grandes capitales nacionales y los centros de poder internacionales.

Consideramos que una verdadera transformación del ámbito laboral pasa por fortalecer la independencia y la autonomía de las organizaciones gremiales, desterrando el sistema de control corporativo, la cual requiere de la contratación colectiva auténtica como el eje de las relaciones obrero-patronales, por lo que es indispensable lograr que la reglamentación laboral recoja este espíritu.

Nuestra unión sindical debe fortalecer su estrategia de lucha “Por la Democratización y Modernización del Mundo del Trabajo” y de Cambio de Rumbo para el país, a partir de ampliarla y cimentarla en un conjunto de acciones, no sólo exclusivamente en el plano jurídico, sino fundamentalmente en la lucha política y social, en la democratización de las relaciones de producción y la organización de todos los trabajadores formales, informales, precarios, etcétera.

Por lo tanto, es prioritario el fortalecimiento y relanzamiento de la UNT, que deberá promover una política de sindicalización y organización más activa de los trabajadores del campo y la ciudad, de los diferentes sectores de trabajadores asalariados, de todos los trabajadores informales y de los millones de trabajadores precarios y no organizados. En la actual etapa, la presencia y acción de la UNT la convierte en un referente y un polo de atracción para los diversos sectores democráticos y progresistas y de amplios sectores de trabajadores. 

“POR LA UNIDAD DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES” 

Comisión Nacional Ejecutiva

Unión Nacional de los Trabajadores

Ciudad de México, septiembre del 2018.