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BOLETÍN DE PRENSA

El gobierno está cocinando una reforma laboral sin consulta ni información pública

Las presiones internacionales, en particular las recomendaciones de la OIT en materia de Contratos Colectivos de Protección Patronal y Libertad Sindical, obligó a Enrique Peña Nieto solicitar al Senado de la República la ratificación del Convenio 98 de OIT y anunció una  Reforma Procesal en materia laboral, para lo cual encargo al Centro de Investigación de Docencia Económicas (CIDE) la coordinación de un proceso que culminaría en febrero de 2016 con una iniciativa de reforma laboral.

El CIDE realizó consultas en foros públicos en donde participaron expertos académicos y juristas, organizaciones sociales y sindicales, en los cuales se presentaron propuestas tanto para agilizar los procesos jurídicos en materia laboral como el acceso a una justicia laboral expedita.

Entre las propuestas se encuentran la creación de un instancia nacional encargada de registro de sindicatos y agrupaciones laborales; la autonomía de las JCA del Poder Ejecutivo para integrarlas a los Poderes Judiciales además de cuestionar seriamente el carácter tripartito de las JCA. El CIDE realizo un trabajo profesional incluyendo a organizaciones sociales, sindicatos y expertos quienes desarrollaron los trabajos para hacer una propuesta democrática.

Para contrarrestas este atrevimiento democrático, el gobierno excluyó del proceso al CIDE y conformó una comisión de 14 integrantes, 10 de ellos representantes del Poder Ejecutivo,  la absoluta mayoría de ellos funcionarios públicos: Humberto Castillejos de la Consejería Jurídica de la Presidencia aparece como responsable; aparecen también Rafael Avante por parte de la subsecretario de la Secretaría de Trabajo, y representantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, INMUJERES, 3 organizaciones empresariales:  Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC,  creada por Luis Rubio, Columnista del diario Reforma) y un centro de investigación académica: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, excluyendo a los trabajadores a través de sus organizaciones

Todos los trabajos desarrollados por esta comisión han sido a puerta cerrada y en absoluto secreto. La obligación de la consulta pública,  que fue coordinada y desarrollada por el CIDE y cuyos resultados fueron desechados, la comisión simuló otra consulta “pública” a través de la web y con solo una pregunta: ¿Que opina usted de la justicia laboral?, pregunta que no fue promovida y que estuvo abierta, curiosamente del 12 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016

Exigimos:

• Transparencia en todo el proceso de reforma laboral
• Convocatoria pública y abierta, transparente e incluyente.
• Representación real de los actores involucrados: juristas, académicos, sindicatos, trabajadores, abogados laboralistas
• Que el CIDE retome las riendas del proceso ya trabajado.
• Desaparición de las JCA y su sustitución por Jueces de lo Laboral dependientes del Poder Judicial.
• Registro público de sindicatos y contratos colectivos de trabajo.

COORDINACIÓN NACIONAL

“POR LA AUTOGESTIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA”