El exorbitante aumento al precio de las gasolinas ha colmado la paciencia de la mayoría de la población en México y ha detonado un justo e indignado reclamo social en contra de la impunidad, corrupción, privilegios de la clase política e irresponsabilidad social y administrativa del gobierno, que continúa subordinado a los intereses de las grandes corporaciones empresariales trasnacionales y, en particular, a los intereses de las empresas norteamericanas.

El presidencialismo autoritario, propio del sistema político mexicano, continúa haciendo oídos sordos a los reclamos populares, promueve la confusión y el linchamiento social, intenta atemorizar las expresiones de descontento social y, en este contexto, convoca a los llamados sectores de la producción, a la usanza tradicional del corporativismo, carente de un auténtico dialogo social, para firmar un pacto de unidad, pretendiendo buscar legitimidad política.

El gobierno tiene la obligación de atender las demandas sociales y asumir su responsabilidad de la actual crisis; precipitada por el gasolinazo, decisión que también obedeció a cálculos meramente electorales y a la ausencia de medidas compensatorias, ya que, si nuestra economía es frágil ante los factores externos, la causa ha sido la tozudez de la política económica que ha mantenido el actual modelo económico generando la crisis actual. Ante esta grave coyuntura económica, el gobierno pretende crear un clima de miedo, tensión y enfrentamiento, para inhibir la construcción de un movimiento social y reprimir a los ciudadanos inconformes, aplicando mano dura y represión social, con la intervención de las policías y de las fuerzas armadas, acatando las órdenes del Poder Ejecutivo.

En este contexto, el gobierno mexicano debe modificar la actual política económica que obedece a una visión del libre comercio con pérdida de independencia y soberanía, sin las regulaciones necesarias por parte de los gobiernos para proteger los derechos humanos y culturales, además de no contrarrestar las inequidades en todos los niveles, especialmente el económico y social. El modelo de libre comercio subordina las leyes nacionales a las internacionales; además de la aplicación de justicia en los llamados comités de resolución de controversias, a las determinaciones de tribunales extraterritoriales, aplicación que es auspiciada por los tratados comerciales como el TLC y TISA; finalmente, promueve la sumisión del sector productivo al capital financiero y la contención de la política salarial. La mayoría de la población, los trabajadores de la ciudad y del campo, hemos sido los perdedores ante tal política, cuya expresión más reciente son las reformas estructurales.

Si el actual gobierno quiere evitar una crisis social de mayores proporciones, tiene que modificar la política económica: fomentando el mercado interno, promoviendo la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, así como la recuperación del poder adquisitivo real de los salarios y la reactivación del campo, en beneficio de los pequeños y medianos propietarios; promoviendo también políticas públicas para flexibilizar la política monetaria y fiscal en favor del empleo digno, bajo estándares de la OIT en materia de salarios, trabajo digno, libertad sindical y contratación colectiva auténtica; fomentando la sustitución de importaciones, especialmente la activación a toda su capacidad de las actuales refinerías, la construcción de las que sean necesarias y con ello activar la economía interna, a fin de reducir el déficit externo, nuestra dependencia de la entrada de capitales y la vulnerabilidad externa.

La Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) exige al gobierno de la República reorientar la economía política y avanzar en la construcción de un nuevo rumbo del país; diversificar el comercio internacional, dejar de apostar a un arquetipo de relaciones públicas personales y recuperar la Política Exterior rescatando la tradición histórica diplomática que le dio a México un auténtico reconocimiento internacional. Lo peor de la crisis aún está por venir si no se realizan los cambios. Por ello, se hace impostergable atender las demandas sociales y la reconstrucción de la economía productiva local, regional y nacional.

Ya no podemos continuar por la desgastada vía de la renovación de pactos corporativos carentes de representatividad y de poder vinculante, sin objetivos precisos y tiempos establecidos, en los que no ha participado la sociedad. Urge rectificar la senda.

Para evitar las consecuencias desfavorables de la situación actual, hay una condición imprescindible: que la sociedad sea capaz de articularse y proponer un programa alternativo de desarrollo. El gobierno y los partidos políticos, que debieran ser los responsables de proponer soluciones, no han cumplido su tarea y por ello ya no tienen ni la credibilidad ni la confianza de la sociedad. El Congreso de la Unión tiene hoy la oportunidad de atender el reclamo social y dejar de actuar corporativamente en la defensa de los intereses y privilegios políticos de los partidos y en complicidad con el Poder Ejecutivo.

Convocamos a todas las expresiones políticas y sociales democráticas e independientes, a la construcción de un movimiento nacional para reorientar el rumbo del país, el cambio del modelo económico y la democratización del régimen político a partir de una agenda social en la que participen las organizaciones, movimientos y ciudadanos comprometidos con esta plataforma de lucha de manera plural, incluyente y democrática.

Las tareas organizativas para el movimiento serían, entre otras:

• Expresar nuestro rechazo a las medidas impuestas de manera organizada, mediante acciones pacíficas; solamente así evitaremos que se vincule a la protesta social con actos repudiables tratando de desprestigiarla.
• Construir, a través del diálogo entre las diversas organizaciones de la ciudadanía, un programa inmediato de rectificación, concreto y factible, que se extienda posteriormente hacia los cambios de fondo que la situación requiere, incluyendo una nueva constitución política.
• Desarrollar una estrategia compartida con capacidad de vigilar y evaluar el programa y los cambios necesarios, de acuerdo con los propios espacios de cada persona y organización.

Las propuestas políticas ante la actual coyuntura, son:

• Abrogar la reforma energética y la liberalización del precio de los energéticos.
• Reconstruir el mercado interno y las cadenas productivas nacionales.
• Restituir el poder adquisitivo de los salarios a través de un aumento salarial general de emergencia y de una política salarial integral.
• Reconstruir el sector productivo del campo para alcanzar la autosuficiencia, la soberanía nacional alimentaria fortaleciendo a los pequeños y medianos productores rurales.
• Aplicar las medidas necesarias para garantizar el trabajo digno y un salario remunerador, con plena libertad sindical y auténtica contratación colectiva.
• Implementar una reforma fiscal equitativa, progresiva, de carácter redistributivo.
• Promover un financiamiento preferencial a la pequeña y mediana empresa.
• Diversificar las relaciones comerciales internacionales.
• Erradicar la corrupción e impunidad, a todos los niveles de los distintos órganos de gobierno.
• Aplicar la justicia de forma expedita, especialmente en casos emblemáticos como la Guardería ABC, los miles de desaparecidos, incluyendo los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos en Nochixtlán, y muchos más.

Asimismo, convocamos a la organización de una Jornada Nacional de Lucha de carácter pacífico, que iniciará con un acto en la Ciudad de Tijuana el 17 de enero, cuyo objetivo será construir la solidaridad internacional ante la política de intimidación y amenazas del nuevo gobierno norteamericano; continuaremos el 19 de enero con un Mitin a las 11 horas ante la SHCP en el Zócalo de la Ciudad de Mexico, en solidaridad con los Jubilados y Pensionados y en rechazo a la actual política económica y el gasolinazo; asimismo, los invitamos a participar en los diferentes actos políticos y movilizaciones del día 26 para demandar reparación del agravio cometido a toda la ciudadanía por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También, estamos convocando a la más amplia movilización nacional del día 31 de enero, para obligar al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión a rectificar las políticas y leyes que causaron esta crisis. Concluiremos esta etapa el 5 de febrero, con un balance social en el Centenario de la Constitución, con la presentación de nuestras propuestas iniciales para la más amplia discusión de un nuevo proyecto de nación, además de todas aquellas medidas de presión política que se acuerden entre las fuerzas políticas y sociales democráticas.

FRENTE AL ACUERDO CORPORATIVO DEL GOBIERNO,

PROPONEMOS UNA NUEVA RUTA DE DESARROLLO

Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO

Fraternalmente

Ciudad de México, 12 de enero de 2017.

“POR LA UNIDAD DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”