Con el objetivo de fortalecer el nuevo modelo de justicia laboral, en el Senado se impulsa una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para ampliar a 18 meses el pago de salarios vencidos que debe realizar un empleador a un trabajador cuando no compruebe en un juicio la causa de despido.

Actualmente, la LFT contempla el pago de salarios vencidos equivalentes a 12 meses en caso de que la empresa no acredite una rescisión justificada. La propuesta presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión –y que deberá ser analizada por el Senado– plantea extender esa indemnización a seis meses adicionales cuando el patrón o sus representantes legales incurran en una mala práctica, como sobornos a servidores públicos o presentación de hechos falsos.

La ampliación a 18 meses para el pago de salarios vencidos a los trabajadores será aplicable cuando el empleador o sus abogados, además de no comprobar la justificación de un despido, incurran en una de las siguientes prácticas:

• Ofrecer algún beneficio personal, dádiva o soborno a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), centros de conciliación locales o tribunales laborales; así como a terceros de un procedimiento laboral
• Alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia
• Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral
• Presentación de hechos falsos en el juicio laboral sobre el salario, la jornada de trabajo o la antigüedad de la relación laboral
• Negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de la autoridad laboral, cuando éste solicite realizar una notificación o diligencia
• Negarse a recibir los documentos relacionados con una notificación ordenada por la autoridad laboral

“Al incrementar el período de cálculo de los salarios vencidos de 12 a 18 meses en casos donde se comprueben actuaciones notoriamente improcedentes, la reforma pretende disuadir a los empleadores y sus representantes de participar en prácticas que obstaculicen o dilaten injustamente los procedimientos laborales”, puntualiza el senador Juan Moya.

Es importante señalar que el proyecto de reforma no modificaría el pago de intereses al que están obligados los empleadores en caso de que el juicio se extienda más de 12 meses o la sentencia no se cumpla. Este cálculo se mantendría “sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago”.

Con la reforma a la LFT de 2019 se creo un nuevo modelo de solución de conflictos laborales con una apuesta en la conciliación. Además, se crearon tribunales laborales para resolver problemas que no alcancen un acuerdo en la primera etapa y la atención de casos exentos de conciliar.

El objetivo de este modelo es lograr una justicia laboral rápida y expedita. Cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indican que los conflictos se logran resolver en un promedio de 8.8 meses, lo que representa una reducción importante en comparación con el promedio de seis años que prevalecía en la Juntas de Conciliación y Arbitraje.