La regulación del trabajo en plataformas digitales se ve cercana. La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado en diversas ocasiones su interés por discutir el tema y la seguridad social para repartidores y conductores de apps es parte de sus compromisos asumidos en campaña.
“Lo que tiene que ver con la informalidad de los repartidores es algo muy importante, porque ni siquiera tienen contrato; son ‘socios’ de las grandes trasnacionales. Necesitamos que en este trabajo que ha crecido mucho en nuestro país, particularmente en las grandes ciudades, tengan derechos estos trabajadores”, expresó Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa.
El debate no se visualiza fácil, las empresas propietarias de las aplicaciones de movilidad y reparto han mostrado apertura al diálogo, pero no a un reconocimiento de la relación laboral. “Es posible construir un modelo que brinde más protecciones y que preserve la flexibilidad e independencia”, señaló en un comunicado la Alianza In México, agrupación que aglutina a las principales plataformas que operan en el país.
Para Carlos Ferran Martínez, socio de la firma Ferran Martínez Abogados, “la discusión es urgente y es un tema para que el México ya va tarde”. La economía digital sigue creciendo y cada vez aparecen nuevos modelos laborales que no encajan en la Ley Federal del Trabajo (LFT), subraya el especialista.
Desde la perspectiva del abogado laboralista, se requiere una regulación especial para este tipo de trabajos. “El tema de plataformas digitales es una necesidad, es incluso imprudente que no tengamos nada. Esto se viene hablando desde hace cuatro años, son los derechos de las personas que muchas veces se caen de una moto o bicicleta y no tienen seguridad social, es un modelo donde algunos patrones han encontrado la forma de evitar ciertas obligaciones. No todos, pero sí muchos”.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que actualmente en el país hay alrededor de 500,000 trabajadores de aplicaciones. Sin embargo, el Estudio de opinión sobre plataformas digitales en México de la firma Buendía & Martínez, calcula que son 2.5 millones de personas que han obtenido ingresos a través de las plataformas.
“Cuando hablamos de regulación, nos encantaría que pase por el reconocimiento de la relación laboral entre las plataformas y las personas trabajadoras, más allá de las particularidades que tiene este modelo de trabajo”, afirma Ángel Pazos, coordinador de Diálogo Sindical de la Fundación Friedrich Ebert en México.
Desde la óptica del especialista, el debate sobre la existencia de la relación laboral “ya está superado”. Sin embargo, se trata de un esquema que requiere reglas específicas, especialmente porque hay repartidores y conductores que se dedican a estas actividades de tiempo completo y hay quienes sólo las usan como ingreso extra, “como inicialmente se pensó el modelo”, puntualiza.
Para Ángel Pazos, el momento político que vive el país presenta el escenario idóneo para que la regulación de las plataformas digitales avance. “Ya es un gran mensaje que para la presidenta electa sea una prioridad y lo contemple en los 100 puntos de su gobierno, pero también por la mayoría legislativa”.
A esto se suma el contexto internacional. En 2025, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá en su Conferencia de mediados de año la posibilidad de crear un convenio que garantice un estándar mínimo de derechos para los trabajadores de aplicaciones.
Mayeli Cabral, socia de la Práctica Laboral en Chevez Ruiz Zamarripa, coincide en que la regulación de las actividades en plataformas digitales es necesaria para darle certeza a ambas partes, aunque considera que por las condiciones en las que se realizan las tareas, no podría considerarse como un trabajo subordinado.
“Se trata de un nuevo modelo de autoempleo y de negocio, en donde las plataformas están a disposición de la gente. Ahora debe existir un marco regulatorio para este modelo de autoempleo, pero es algo muy retador. Debemos tener reglas claras del juego para ambas partes”, apunta la especialista.
Para Ángel Pazos, el momento político que vive el país presenta el escenario idóneo para que la regulación de las plataformas digitales avance. “Ya es un gran mensaje que para la presidenta electa sea una prioridad y lo contemple en los 100 puntos de su gobierno, pero también por la mayoría legislativa”.
A esto se suma el contexto internacional. En 2025, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá en su Conferencia de mediados de año la posibilidad de crear un convenio que garantice un estándar mínimo de derechos para los trabajadores de aplicaciones.
Mayeli Cabral, socia de la Práctica Laboral en Chevez Ruiz Zamarripa, coincide en que la regulación de las actividades en plataformas digitales es necesaria para darle certeza a ambas partes, aunque considera que por las condiciones en las que se realizan las tareas, no podría considerarse como un trabajo subordinado.
“Se trata de un nuevo modelo de autoempleo y de negocio, en donde las plataformas están a disposición de la gente. Ahora debe existir un marco regulatorio para este modelo de autoempleo, pero es algo muy retador. Debemos tener reglas claras del juego para ambas partes”, apunta la especialista.
¿Son socios o trabajadores?
En diversas investigaciones, organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han evidenciado que existen condiciones de trabajo que acercan a los repartidores y conductores a una situación de empleo subordinado, aunque la narrativa de las plataformas digitales se refiera a los conductores o repartidores como “socios” o “usuarios”.
Por ejemplo, el algoritmo y las capacidades de supervisión o penalización son similares a las de un jefe que da instrucciones y puede imponer medidas administrativas en caso de incumplir la tarea asignada.
“Esa flexibilidad también es una fuente de restricciones y controles ocultos del tiempo de trabajo, en especial cuando va ligada a unos ingresos irregulares e imprevisibles. Cabe señalar también la presión derivada del uso de los algoritmos, que lleva a los trabajadores a permanecer conectados para evitar ser penalizados”, destaca la OIT en el informe Hacer realidad el trabajo decente en la economía de plataformas.
De acuerdo con la investigación del organismo, las jornadas laborales de conductores de aplicaciones son de 67 horas semanales en promedio, y en el caso de los repartidores, la media es de 59 horas por semana. Es decir, tiempo de trabajo similar (o mayor) al de un empleado subordinado de tiempo completo.
Además, los algoritmos en las plataformas digitales se utilizan para organizar, supervisar y evaluar el trabajo. Y aunque la flexibilidad es uno de los mayores atractivos para las personas que laboran a través de este tipo de aplicaciones, la implementación de estos sistemas dificulta el trabajo flexible y la conciliación vida-trabajo en la práctica.
“Cuando se utilizan para evaluar el desempeño de los trabajadores y asignarles nuevas tareas, pueden llevar a que se trabaje con horarios intempestivos y variables”, agrega la OIT.
¿Qué piden los trabajadores?
En México, el movimiento está fragmentado. Por un lado, un grupo busca que se reconozca la relación de trabajo y con ello, derechos laborales como el acceso a la seguridad social, pago de aguinaldo o vacaciones.
El otro grupo de trabajadores ha mantenido un diálogo más cercano con las plataformas digitales y parecen conformes con la garantía de seguridad social y que las empresas aporten a ésta, pero sin que se reconozca legalmente una relación laboral.
Sin embargo, entre los puntos de coincidencia entre los colectivos está la garantía de flexibilidad laboral, quizá el elemento más priorizado por las personas que laboran en estos modelos. A esto se suma la demanda por erradicar la discriminación y contar con mejores mecanismos de transparencia.
Según el informe de la firma Buendía & Martínez, financiado por Uber, Didi y Rappi, la flexibilidad laboral es la razón principal por la cual los repartidores y conductores se unieron a la plataforma, seguida de la posibilidad que ofrece el esquema para generar ganancias complementarias.
¿Qué piden las empresas?
Las empresas propietarias de las aplicaciones han ofrecido aportar a la seguridad social de los repartidores y conductores, pero sin ser consideradas como sus empleadores.
La búsqueda de una seguridad social sin el reconocimiento de la relación de trabajo se debe –según lo expresado por las propias plataformas– a que el modelo de negocio no está diseñado para absorber los costos laborales que pueden representar las personas que usan las apps para repartir o conducir.
“Lamentablemente este modelo no está pensado para tener empleados. Imaginemos que tres empresas absorben 500,000 personas, eso es absolutamente inviable. Imagina una industria que asume cargas y un costo de seguridad social para una persona que se conecta una hora al mes”, afirmó Nicolás Sánchez, director de Políticas Públicas de Uber México en entrevista previa con El Economista.
Sin embargo, las empresas también han puntualizado la importancia de que la regulación conserve la flexibilidad que ofrece el modelo a los repartidores y conductores. Además, han aceptado mejorar los mecanismos de transparencia y prevención de acoso.
¿Qué se ha planteado en el Congreso de la Unión?
De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, el país tiene elementos para regular el trabajo por aplicaciones. En el Congreso de la Unión hay más de una docena de propuestas, la mayoría reconoce que existe una relación de trabajo, para garantizar una mayor protección a las personas que conducen y reparten a través de plataformas digitales.
Entre los puntos en común que plantean las iniciativas destacan:
- Nueva figura legal de trabajador de plataformas digitales
- Reconocimiento de las aplicaciones como empleadores
- Establecimiento de las condiciones de trabajo en un contrato por escrito
- Protección de los derechos laborales de choferes y repartidores
- Garantías para el pago de un salario
“Si bien es cierto que las plataformas favorecen la creación de empleos, también plantean el desafío de lograr que las y los trabajadores gocen de la protección laboral y de seguridad social que exige el trabajo decente”, indica el IBD en su nota estratégica Plataformas digitales de trabajo y trabajo decente.
En la anterior legislatura, se observó un interés por analizar el tema, incluso el Congreso de la Ciudad de México envió un proyecto para la regulación del sector. Y el Ejecutivo no se quedó atrás, Luisa María Alcalde Luján, en ese entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), expresó la intención de la dependencia por elaborar un proyecto de reforma, idealmente incorporando un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo.
El tema de la regulación de plataformas digitales había estado desde entonces en la congeladora, pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha revivido la discusión y parece que la reforma –ahora sí– está cercana.